La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un destacamento de soldados salvadoreños del batallón Atlacatl entró en la residencia de la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador y asesinó a los jesuitas Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, a una trabajadora de la Universidad, Julia Elba Ramos, y a su hija, Celina Ramos.

Por habituales que fueran las violaciones de derechos humanos en al conflicto salvadoreño —80.000 víctimas durante la década de 1980—, el prestigio de Ellacuría —rector de la universidad, figura intelectual y humana reconocida, e implicado en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto— hizo que aquel crimen provocara una enorme conmoción internacional. Los mártires de la UCA se convirtieron en símbolo de una manera de ser Iglesia, y en doloroso recordatorio de las consecuencias que acarreaba la hoja de ruta que la Compañía de Jesús, a impulso de Padre Arrupe, había marcado una década antes en su Congregación General 32.

En 1991 fueron llevados a juicio en El Salvador nueve militares, pero solo dos fueron condenados, y poco tiempo después, en 1993, quedaron en libertad en virtud de la Ley de Amnistía. La Compañía de Jesús y la UCA han seguido luchando desde entonces por un juicio en El Salvador que esclarezca la verdad de los hechos y contribuya a la reconciliación del país y al fortalecimiento de las instituciones. Las esperanzas abiertas por la decisión de la Corte Suprema de El Salvador, en julio de 2016, de declarar la inconstitucionalidad de aquella ley no se han visto satisfechas por el momento. Los que decidieron y ordenaron el asesinato de la UCA siguen en la más absoluta impunidad.

En España, bajo el principio de justicia universal y atendiendo a la querella presentada por dos organizaciones de derechos humanos, la Audiencia Nacional inició en 2009 un proceso que desembocó en la extradición desde los Estados Unidos y el juicio posterior al coronel Inocente Orlando Montano, ex viceministro de Seguridad Pública salvadoreño, que ha quedado visto para sentencia el pasado 15 de julio. Los testimonios escuchados durante las nueve sesiones del juicio celebrado en Madrid han vuelto a acreditar la responsabilidad de los mandos militares en los hechos y su encubrimiento, que muy pronto fue apuntada por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas (1993) y por el trabajo de multitud de investigadores.

El provincial de los jesuitas en nuestro país, Antonio España SJ, señaló al inicio del juicio que, aunque «hubiera sido preferible que el juicio se celebrara en El Salvador», ante la imposibilidad de que eso suceda, es positivo que tenga lugar en España. Los jesuitas de Centroamérica, en un comunicado sobre el juicio, explicaban que «el dolor causado por un crimen no se resuelve con el olvido, sino con el reconocimiento de la verdad, el arrepentimiento y la dignificación de las víctimas». La Compañía de Jesús y las autoridades de la UCA han expresado su disposición a perdonar a quienes planearon y ejecutaron ese horrendo crimen, pero para ello es necesario que los poderes públicos cumplan previamente su función, esclarezcan la verdad, así como las responsabilidades correspondientes.

La vía de la Justicia Universal, implementada en este caso en España, es un hito que no podrán ya ignorar quienes obstaculizan el funcionamiento del sistema de justicia en El Salvador, allí donde mayor contribución puede hacer esa justicia al reconocimiento a las víctimas, la reconciliación del país y la paz para los propios victimarios.